El jueves 24 de agosto el Observatorio de Productividad y Competitividad (Opyc), de la Universidad CAECE, desarrolló en las instalaciones de Pedro Chutro 2871, un taller destinado a tratar las problemáticas que enfrenta el sector naviero, logístico y de zonas francas del país.

Del evento participaron ejecutivos de distintas empresas relacionadas del sector y bajo la modalidad de pensamiento colaborativo se trataron los distintos inconvenientes que atraviesan, junto con las expectativas hacia 2030 y no enfocándose puntualmente en los problemas coyunturales sino de mediano y largo plazo.

Si bien el sector hizo hincapié en la excesiva carga fiscal que soporta, la intención de disminuir el peso de los aportes sindicales, lo cual reduce la cantidad de astilleros en el país y también el trabajo en el país, se destacaron puntos como reducir el costo del flete, profundizar y mejorar el calado de las vías navegables y la necesidad de modernización de algunos puertos como el de Dock Sud y Buenos Aires, entre otros puntos centrales.

El sector entiende que los dirigentes no tienen presente en agenda problemas de barcos e infraestructura, navegación troncal, la falta de gobernanza y el exceso de regulación que enfrentan, con lo cual no avizoran cambio a corto plazo. Asimismo, entienden que se hace imprescindible una reforma tributaria y la eliminación de ciertas regulaciones.

Un ejemplo bien visto por el sector, ha sido el esfuerzo político llevado adelante en los puertos de Montevideo y Santos, con una política extendida, de manera de lograr el desarrollo de ambos puertos para convertirse en los dos destacados de América del Sur.

La idea de puerto como nodo productivo, el desarrollo de la hidrovía como oportunidad para todos, la falta de profesionalización en el sector público, falta de normativa para agentes de carga, códigos del sector desactualizados, la normativa del convenio colectivo de trabajo de la década del 80, entre otros, son puntos que deben trabajarse y modificarse para el desarrollo del sector.

En el caso de la Marina mercante, por ejemplo, proponen reducir las cargas sociales, el impuesto a las ganancias al 0% por el lapso de 10 años, como incentivo para el desarrollo del sector, además de realizar reformas salariales en los regímenes de trabajo.

El sector público, está poco profesionalizado, destacándose el déficit que enfrenta la AGP, así como la interferencia en actividades que no hacía y que complicó la situación del sector. Esto genera debilidad en infraestructura, debilidad en cabotaje, el cual debería ser desarrollado y flexibilizado.

La necesidad de reformas, generaría la posibilidad de incrementar la cantidad de contenedores, incrementando el polo agroexportador con el desarrollo de la hidrovía y el potencial crecimiento de los ríos. Existe base para el crecimiento del volumen de carga y junto con el desarrollo de energía no convencional y energías verdes, podría incrementar el nivel de comercio en los puertos.

Para esto, se hace necesario la desregulación de la marina mercante, generar competencia en el sector y conectividad de puertos internos.

En el cabotaje regional, no hay competencia, política pública integral, faltan contratos de concesión a largo plazo, reglas de juego claras para incentivar inversiones.

Por último, se hace necesario simplificar procesos de control de aduanas para fomentar la competitividad, lograr acuerdos regionales para el desarrollo de vías marítimas y ríos, retrotraer modificaciones de los últimos 4 años en materia de hidrovía, profesionalizar los órganos de control y realizar una nueva concesión de la misma con tarifas que aseguren mejoras en cuanto a profundidad. La aduana, al mismo tiempo debe facilitar la actividad comercial y se deberían desarrollar acuerdos de conectividad NOA-Paraná, una política portuaria nacional, mejorar la conectividad terrestre (en la cual no hay limitación de responsabilidad) y la posibilidad de desarrollar el movimiento multimodal.